El pasado 1 de junio Venezuela dio un paso histórico y arriesgado en su política de venta de combustible. El aumento de la gasolina y su venta masiva que ahora se cobra en bolívares, petros y moneda extranjera, quitó momentáneamente un dolor de cabeza al gobierno y la población del país petrolero: las enormes colas de vehículos para recargar combustible.
Aunque parece muy pronto para sacar conclusiones sobre la conveniencia o no de esta decisión política, desde VTactual tomamos el pulso a este fenómeno socioeconómico con la economista e investigadora del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE) Yacarlys Arienta, para revisar su avance en medio de una profunda crisis económica a la que todavía no se le ve luz al final del túnel.
Solución inmediata
Pocos días más permanecieron las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio tras el aumento del precio de venta de la gasolina. El caos inicial trajo la consecuente calma y eso en sí mismo es un valor altamente estimado por la economista Yacarlys Arienta. «La nueva política energética está en un período de implementación, ajuste y corrección. Sin embargo, lo más inmediato que se puede percibir es que gracias al abastecimiento regular y continuo de combustible a las estaciones de servicios se dio como resultado la eliminación de las colas», afirma.
Para la analista, es una ganancia inestimable el ahorro de tiempo que la medida ha otorgado a la población en medio de una difícil situación social, complicada por un bloqueo económico que limita las opciones de salida de los problemas del país. «Se perdían hasta 48 horas en largas filas para surtir de forma condicionada la gasolina y esto constituía un costo de oportunidad muy alto porque la persona debía sacrificar otras actividades. Un bien tan preciado como el tiempo se ha recuperado».
La economista reconoce que aún es muy pronto para hacer un balance de los resultados de esta política energética del gobierno, sin embargo ya se vislumbran soluciones a un problema social en las primeras de cambio mientras se evalúan los ajustes y las correcciones.
La incertidumbre del fin del subsidio
La subida en los precios de la gasolina implementada por el gobierno venezolano, viene acompañada de un subsidio a sectores sensibles como el transporte público y de carga, que al cabo de 90 días tomados desde el 1 de junio, será eliminado. «Una vez se supere la etapa del subsidio total que estableció el gobierno para los medios de transporte público y de carga, este aumento del precio de la gasolina a diferencia del implementado en el año 2016, sí impactará las estructuras de costos de bienes y servicios«, estima Arienta.
La economista e investigadora recomienda a todos los sectores involucrados no esperar a último momento para disparar los precios, pues el incremento será más traumático si se hace una vez finalizado el subsidio. «Esta especie de período de gracia debe permitirle a los dueños de los medios de producción, distribución y comercialización un ajuste paulatino pero progresivo de sus estructuras de costos y así minimizar el shock en los consumidores finales».
En este escenario, Arienta recomienda la «creación de incentivos a la producción que se traduzcan en mejoras en el salario real de los trabajadores», que serán en definitiva los mayores perjudicados tras el aumento y requerirán herramientas paliativas del alza de precios que se avecina.
Corrupción inflamable
La corrupción alrededor de la gasolina en Venezuela no es cosa nueva. Siendo como fue, el combustible más económico de la región antes de ubicarse justo por debajo de los precios internacionales, el contrabando de extracción en todos sus grados ocasionó pérdidas incalculables al país. Con el aumento de la gasolina se reduce de manera considerable ese tipo de corrupción, pero la acción dio paso a otras formas de evadir las normas.
«La corrupción que la población denuncia en las estaciones de servicio donde funcionarios del Estado se dejan seducir por el famoso billete verde o la reventa del cupo subsidiado de combustible, es algo que merece la pena atacar porque la corrupción socava las bases de la sociedad y la corrupción acompañada de impunidad genera malestar que se traduce en costos políticos altos», reflexiona Arienta.
La especialista llama a evitar que este tipo de flagelo se institucionalice y se haga de uso común, para lo cual valora positivamente «la incorporación de la juventud para la agilización de las gestiones en las gasolineras», con lo que a su juicio, se busca reducir estas prácticas.
Más facilidades
Algo que aún causa algunas molestias a la hora de cancelar la gasolina, y abre la puerta a diversas formas de corrupción, son las limitadas formas de pago tecnológico que no están presentes en todas las estaciones de servicio. «La modernización tecnológica debe seguir avanzando e incorporarse medios de pago como las criptomonedas que han calado en la economía mundial y Venezuela no es la excepción», recomienda Arienta.
La experta insiste en que el estado debe concentrarse en facilitar las opciones de pago, a fin de reducir el tiempo de espera en las gasolineras y evitar distorsiones en el proceso de cancelación. «Toda la banca nacional debe sumarse a brindarle esas opciones a las estaciones de servicio», señala.
Randolph Borges/VTactual.com
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