Colombia fue el escenario para que el pasado 09 de abril el autodenominado «Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio», compuesto por magistrados designados por la Asamblea Nacional en desacato, que usurpa las funciones del TSJ legal y legítimo de la nación bolivariana, declarara que existen méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro.
El supuesto presidente de este grupo ilegal en el exilio, Miguel Martín, en la audiencia celebrada en la capital de la hermana República, señaló que existen supuestas pruebas presentadas por la ex fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, las cuales constituyen «causas probables en la comisión de delitos de corrupción y legitimación de capitales», que -a su juicio- habría cometido Maduro durante su ejercicio como jefe de Estado.
Por su parte, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, aseveró que sólo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, es el único facultado para realizar un Antejuicio de Mérito al jefe de Estado de la nación suramericana.
Precisó que para realizar dicho procedimiento se deben cumplir una serie de requerimientos que están estipulados en la Carta Magna.
«Es imperante precisar que el Procedimiento de Antejuicio de Mérito para un Presidente en Venezuela tiene que cumplir con una serie de requisitos previstos en la Constitución y que ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no se ha recibido ninguna solicitud al respecto», precisó Moreno.
Estas aclaraciones son a propósito de las acciones de abogados exiliados en otros países, para activar un antejuicio de mérito contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta acción ha sido promovida por la exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Ortega participó en una sesión convocada por el autodenominado «TSJ en el exilio», compuesto por abogados que son acusados por usurpación de funciones, en la sede del Congreso de Colombia.
En esta sesión, la exfiscal solicitó «la captura del presidente Maduro por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)», basándose en denuncias de supuestos contratos irregulares con la constructora brasileña Odebrecht.
Ante esto, Moreno refirió que tomará acciones para denunciar y pedir la detención inmediata de los implicados.
«Por los medios idóneos de la República, el Tribunal Supremo de Justicia denunciará y exigirá públicamente la inmediata detención de estos sujetos, constituidos en una organización criminal que afecta a la justicia venezolana y al sistema integrado y recíproco de justicia a nivel global», dijo.
Claves del «antejuicio»
1.- El llamado «antejuicio» se inició en otro país y sin la presencia del mandatario venezolano, a quien se le declaró «en contumacia» por no acatar la citación del TSJ ilegal y no acudir a la audiencia oral y pública que se realizó en Bogotá.
2.- Para el Gobierno de Venezuela esta instancia judicial no es legal ni legítima pues fue designada por la Asamblea Nacional en “desacato” (de mayoría opositora).
3.- La extitular del Ministerio Público precisó que el Gobierno supuestamente benefició a la empresa brasileña de ingeniería Odebrecht con «13 contratos para obras que actualmente están inconclusas y que suman 30.000 millones de dólares a cambio de financiamiento para la campaña electoral de Maduro de 2013».
4.- Ortega Díaz solicitó a los magistrados «declarar la existencia de méritos para establecer la responsabilidad penal del Presidente; solicitar a Interpol la alerta roja contra el mandatario para acordar su captura internacional; oficiar a la Fuerza Armada Nacional (FANB) para que capture a Maduro, lo someta a la justicia y congelar todos sus bienes y cuentas».
La pregunta inicial ante todo este montaje internacional sería: ¿Qué haría el presidente de Colombia si se le hiciera un juicio en Venezuela con un TSJ paralelo al que rige en su país?
Sin embargo, es esencial señalar que las intenciones de la derecha para continuar construyendo un expediente contra altos funcionarios del Gobierno venezolano que tenga impacto en organismos internacionales son obvias (y hasta desesperadas) al realizar una audiencia totalmente ilegal fuera de las fronteras.
Las inocultables contradicciones de la derecha
El presidente de la AN en desacato, el opositor Omar Barboza, se puso exigente con «las formalidades reglamentarias» y dijo que el Parlamento discutirá el tema cuando llegue la solicitud a sus manos.
Barboza expresó que “esta Asamblea tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones de la Constitución deben cumplirse a cabalidad”. La «postura legalista» del diputado del partido «Un Nuevo Tiempo» puede parecer un chiste, si se considera que la «sentencia» fue dada, firmada y sellada en Bogotá, en un salón de sesiones del Senado de Colombia y con Álvaro Uribe entre los anfitriones, afirma el portal La Iguana.
¿Por qué no había llegado inicialmente «el oficio» a la AN en desacato? Es algo inexplicable, sobre todo si se considera que tanto el «TSJ en el exilio» como la «fiscal en el exilio» fueron muy diligentes al despachar en un par de jornadas la acusación contra Maduro.
La Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AN (en situación ilegal) emitió un comunicado en el que afirmaba que no se había recibido formalmente el documento emanado por el TSJ en el exilio. “El oficio que se encuentra circulando es una mera copia”, aseguraron.
El episodio mostró, una vez más las fisuras existentes en el seno de la oposición. Los grupos Voluntad Popular, Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo pretendían discutir el tema de inmediato, mientras Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia optaron por el pretexto de esperar por el oficio.
Al partido de derecha «Alianza al Bravo Pueblo» le interesa especialmente que la AN en desacato diga que pretende aprobar el pretendido juicio, toda vez que su líder, Antonio Ledezma, ha sido designado como “presidente en el exilio”. Aunque el cargo parece metafórico, a algunos personajes dentro de la oposición les causa ataques de celos y les hace ruido que Ledezma pueda aprovechar esa insólita «jerarquía» para “colarse por los palos” en una eventual «sucesión».
Conocedores de la dinámica interna de la maltrecha coalición opositora aseguran que entre quienes creen que Ledezma sacaría provecho de la jugada del juicio está el grupo de Primero Justicia que defiende los intereses de Julio Borges. En Acción Democrática, en tanto, Henry Ramos Allup tampoco se anima con la idea de inflar al antiguo dirigente adeco, cuyas mañas políticas conoce muy bien.
Adicionalmente, son varios los dirigentes contrarrevolucionarios que rechazan esta iniciativa porque implica perdonar y darle rol protagónico a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien también tiene inocultables ambiciones políticas.
«Por supuesto que la idea de lanzarse a la aventura de actuar en concierto con las tales autoridades en el exilio tampoco tiene apoyo entre los que respaldan la actual candidatura presidencial de Henri Falcón. Esa rocambolesca estratagema podría enrarecer el clima electoral y darle al Gobierno argumentos para demostrar la falta de foco del antichavismo y su alianza con factores extranjeros», asegura La Iguana.
Enredados en sus telarañas
En los sectores más razonables de la oposición, la idea del juicio a Maduro genera muchas dudas.
En primer lugar, consideran que la denuncia que sirve de base al supuesto juicio, una acusación presentada por Ortega Díaz, es de una debilidad palmaria. Entre otras razones, es muy difícil de entender por qué la exfiscal intenta proceder ahora con casos que datan hasta del año 2011, y no tomó medida alguna mientras estuvo legalmente en el cargo (hasta agosto de 2017).
Algunos parlamentarios opositores también consideran que autorizar el enjuiciamiento de Maduro a estas alturas es un contrasentido, toda vez que la misma Asamblea Nacional declaró «vacante la presidencia por abandono», en el año 2016.
El constituyente y analista político Alberto Aranguibel expuso otra de las contradicciones flagrantes que quedarían al desnudo:
“Se pasan cinco años descalificando la legitimidad de Maduro porque y que es ´colombiano´ y luego pretenden que la gente reconozca como legítima la espuria sesión de unos prófugos de la justicia reunidos en la sede del Parlamento en Bogotá. No me jodan”, afirmó Aranguibel.
La cantinflérica historia pretende continuar
Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, informó este jueves 12 de abril, que recibió una notificación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el que informan sobre el «antejuicio de mérito en contra del presidente Nicolás Maduro». La información fue suministrada por el portal web del Poder Legislativo.
Barboza dijo que el próximo martes 17 de abril se evaluará la propuesta para que una comisión de la AN (que se mantiene en situación ilegal), integrada por los jefes parlamentarios de los partidos políticos de derecha, presenten un informe que les permita tener una base para «tomar una decisión».
“Por supuesto, tomando en cuenta la realidad política que hizo que estos magistrados tuvieran que huir del país, así como el análisis que hagamos del expediente que aún no conocemos a través de la Constitución y las leyes del país como Poder Legislativo”, dijo Barboza.
El abogado de derecha que busca posicionar una matriz a favor de los magistrados exiliados en los medios privados de comunicación, Juan Manuel Raffalli, se pregunta: «¿Quién va a ejecutar el fallo? Si el presidente es supuestamente removido de su cargo por ese TSJ en el exilio y mientras dure el proceso se le pide separarse del cargo ¿hay alguna autoridad pública que vaya a ejecutar ese fallo?, ¿hay alguna autoridad internacional que pudiera ejecutar un arresto del presidente?”, se preguntó Raffalli.
Incluso siendo un abogado de derecha, aclaró que los jefes de Estado tienen inmunidad y no pueden ser arrestados como cualquier persona, porque además Interpol es un organismo que existe por la cooperación entre las naciones y quienes ejecutan arrestos cuando existen los llamados códigos rojos de alerta internacional, son los propios cuerpos de seguridad dentro de los mismos países.
“La Interpol se la imagina la gente como una policía de la ONU, pero en la realidad es una red de comunicación internacional de los cuerpos policiales de todos los países del mundo. Esto hace un poco ilusorio que alguna autoridad internacional pueda ejecutar ese supuesto fallo sin ser (ese tribunal en el exilio) una corte de carácter internacional», expresó Raffalli. No cree posible que alguna autoridad pública en Venezuela está dispuesta a ejecutar «ese fallo».
Definitivamente resulta sorprendente el acoso y la persecusión política, mediática y financiera, que pueden llegar a ejecutar los centros de poder contra los gobiernos progresistas de América Latina.
Brasil, Ecuador, Paraguay, Colombia y Argentina -en las últimas dos décadas- han presenciado casos contra dirigentes de izquierda sin precedentes. Venezuela es la predilecta para verla caer. Ante esta obsesión de la derecha internacional han llegado a montar un espectáculo internacional de infinitas dimensiones ilegales e ilegítimas en la que insólitamente colocaron como sede hasta la capital de otro país. Un circo absolutamente aberrante e inaceptable.
SC
