Pueblo colombiano no es responsable por paramilitarismo y crimen organizado contra Venezuela

Un nuevo cierre por parte de Venezuela en su frontera con Colombia ha revivido una tendencia siempre conveniente para los sectores del poder mundial: la xenofobia –esgrimida por algunos sectores de la sociedad venezolana- como herramienta para la división de los pueblos.

Sin embargo, el discurso oficial de las autoridades venezolanas en ningún momento ha pretendido criminalizar al pueblo colombiano o a los más de 5 millones de compatriotas de la nación vecina que viven en Venezuela. No lo fue en el cierre anterior (2015), no lo ha sido con el tema cambiario, ni con el contrabando de extracción, así como tampoco ante la escalada del paramilitarismo acentuado recientemente en el país.

De hecho, la migración de Colombia a Venezuela ha tenido cifras escalofriantes en los últimos años, y en el país han sido recibidos con los brazos abiertos. Se maneja que durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, unos 4 millones de desplazados ha generado el conflicto armado colombiano.

Hablar de que la llegada de millones de colombianos a suelo venezolano es responsable de los males que nos aquejan, es similar a las recientes manifestaciones antivenezolanas que se dieron en Panamá, por mencionar un caso.

También, meter en el mismo saco a gente trabajadora y criminales organizados que además captan a jóvenes en las barriadas venezolanas es en sí mismo un exabrupto. Pero si también nos remitimos a los números, la cuestión se torna más escabrosa.

Partamos de un dato. Tras el cierre de frontera realizado por Venezuela en agosto de 2015, y que en ese momento respondía al combate contra el contrabando de extracción de alimentos y bienes esenciales para los hogares venezolanos, se pudo conocer que en Venezuela viven más de 5 millones y medio de colombianos.

Si tomamos en cuenta que para ese mismo año el Instituto Nacional de Estadística (INE) situaba la población del país levemente por debajo de los 31 millones de habitantes, eso significaría que al ser todos los colombianos delincuentes, Venezuela sería efectivamente un país donde nadie podría vivir.

Por otra parte, atribuir el paramilitarismo colombiano y su “importación” en Venezuela a la población colombiana en su conjunto, sería como decir que las matanzas de policías a civiles desarmados en Estados Unidos son responsabilidad del pueblo norteamericano.

No, que más de 4 millones de colombianos decidan dejar sus hogares, familias, pueblos natales, amistades, huyendo del conflicto armado que les ha quitado bienes y afectos, es una clara muestra de que el hermano pueblo colombiano es tan víctima de la parapolítica de un sector poderoso de su país, como ahora lo es el pueblo venezolano.

De hecho, son tan víctimas del ataque a la moneda o del mismo bachaqueo como lo es cualquier venezolano. Padecen en Venezuela las mismas colas, la misma incertidumbre de acceder a algún producto regulado.

En nuestro país, muchos de esos a los que algunos sectores pretenden ahora criminalizar han encontrado lo que no tuvieron en su tierra: salud pública, gratuita; acceso a educación de calidad, posibilidades laborales. Han logrado acceder a una vivienda, han visto nacer a sus hijos e hijas. Las mismas cosas básicas que un sector de clase media venezolana dice buscar cuando va a otra tierra, y que no siempre consiguen.

Por otra parte, y en torno al paramilitarismo, podríamos comenzar por una serie de consideraciones iniciales: no se trata de un invento colombiano, ni mucho menos de su uso exclusivo. Tampoco es un fenómeno de una sola cara. Tiene manifestaciones en pequeña escala, como los escuadrones de la muerte que persiguen a ciertas poblaciones por razones étnicas, preferencias sexuales, e incluso contra inmigrantes (como pasa en países de Centroamérica o en el mismo Estados Unidos).

Cabe destacar que el paramilitarismo además ha resultado conveniente a sectores de poder económico y bélico para desarrollar políticas de exterminio o de conflicto en diversas zonas del mundo sin “declarar” abiertamente su participación. A través del financiamiento, entrenamiento y suministro de armas a grupos que luego serían denominados como terroristas.

Podríamos decir que el relativamente reciente caso de Daesh ha llevado esto a nuevos y peligrosos límites. La irregular fuerza armada ha llegado a autoproclamarse, no sólo como ejército, sino como un Estado.

Y ese Estado, que además se autodenomina de carácter islámico, ha servido para fortalecer el discurso de segregación religiosa contra el islam, a la vez que ha sido un actor fundamental en los intentos de derrocamiento de Bashar al Assad en Siria. Todo esto sin que el Pentágono o la OTAN se ensucien “públicamente” las manos.

En el caso colombiano, existen como ejércitos irregulares, y lo que ha llegado a Venezuela son grupos a menor escala, que en realidad funcionan como agentes sicariales de orden político y como operadores de captación y siembra de estas prácticas entre jóvenes de sectores populares.

No se puede criminalizar al pueblo colombiano por las acciones de políticos colombianos que, además, funcionan finalmente como operadores de guerra irregular de los centros de inteligencia norteamericanos.

En todo caso, tendríamos que acompañar el lamento de quienes huyendo encontraron la tranquilidad en suelo venezolano, para ver cómo aquello de lo que lograron escapar pretende alcanzarlos de nuevo, y poner en riesgo lo que han conseguido en el que se ha convertido en su nuevo hogar.

JI

Artículos relacionados