#Análisis «El que no salte es mapuche»: la alianza del gobierno de Chile y sus racistas

Seguramente son muy pocos los grupos sociales que en América Latina se presenten como anti indígenas. Pese al exterminio  sistemático de etnias originarias en la región aún después de finalizada la colonización europea, casi nadie ha tenido el descaro de admitir tal nivel de racismo en una región originalmente perteneciente a estos pueblos. Una excepción penosa ocurre en Chile.

Aunque no tienen la exclusiva, los movimientos racistas chilenos son unos de los más violentos de suramérica. El 13% de la población del país austral se reconoce indígena, según censo de 2017. Pero el acorralamiento histórico estatal dirigido contra la etnia mapuche, ha derivado en enfrentamientos entre policías, grupos racistas y los propios indígenas.

Estos atípicos supremacistas suramericanos actúan amparados por la policía. Durante los últimos enfrentamientos operaron conjuntamente contra los mapuches que protestan al sur del país opuestos a la detención de uno de sus líderes, el guía espiritual Celestino Córdova. Los manifestantes anti indígenas quemaron dos municipios tomados por la protesta mapuche, mientras que otros tres resultaron con graves destrozos.

Los ataques racistas y vandálicos esperan al menos por una condena enérgica del gobierno.

Antecedentes de un racismo añejo

El pueblo mapuche junto a los aymara y los diaguitas, conforman la mayoría de la población indígena de Chile. Las clases económicamente dominantes los han perseguido durante décadas para reducir su expansión demográfica y territorial. Esta persecución se agravó durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Bachelet introdujo una nueva modalidad para justificar las actuaciones del estado contra los mapuches: la aplicación de la Ley anti terrorista de Augusto Pinochet.

La ex presidenta Michelle Bachelet agudizó en su gobierno la confrontación contra los mapuches.

El analista político chileno venezolano Sergio Rodríguez Gelfestein, reconoció que la llamada «Operación Huracán» fue una de las maneras más salvajes y sistemáticas de persecución mapuche, durante la era Bachelet.

“Configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del gobierno colombiano de Álvaro Uribe que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo gobierno de Bachelet”, precisó.

Los llamados de atención de Amnistía Internacional sobre la discriminación y marginación de los mapuches, rebotaron en los oídos del gobierno Bachelet. Por el contrario, esa administración inició procesos penales en contra de varios líderes del pueblo originario. El mandato de Sebastián Piñera no alteró en nada esta política salvo para juntar a Carabineros y movimientos anti indígenas en una causa común.

En Chile «justifican el racismo»

Las protestas mapuches persiguen la puesta en libertad del líder Celestino Córdova para que éste pague su condena según las leyes de este pueblo y abandone la huelga de hambre. En este contexto la ola represiva enviada por el gobierno de Piñera, que canceló el diálogo, logró contagiar a los grupos extremistas para armar una fuerza de choque contra los indígenas.

Los habituales excesos de los Carabineros se manifestaron nuevamente contra los mapuches.

Jorge Díaz, presidente de la Cooperativa Kume Mog del pueblo mapuche, dijo al canal Telesur que el gobierno ha fomentado el miedo y la satanización contra esta etnia. «Grupos de extrema derecha han salido a justificar la inoperancia del gobierno. Están azuzando el racismo estructural, creando una cortina de humo que les permite gobernar fomentando el miedo y la desconexión social«, afirma Díaz.

En su desespero y ante el acorralamiento estatal, los mapuches piden el apoyo internacional y la solidaridad. «Sin la acción mancomunada internacional esto no va a resolverse. Existen denuncias ante La Haya por genocidio mapuche. Ante la falta de criterio del gobierno, pedimos que los organismos internacionales se hagan presente y puedan tomar medidas conjuntas para llevar a este gobierno a una salida del conflicto», solicitó.

Movimientos indígenas acusan al gobierno de Chile, especialmente al nuevo ministro del Interior Víctor Pérez, antiguo funcionario de Pinochet, de exacerbar el racismo con sus declaraciones.

Randolph Borges/VTactual.com

 

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