Las autoridades de facto de Bolivia aplican muy bien aquello de “que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”. Con una mano enviaron al Ejército y la policía a las calles para reprimir y matar a quienes reclamaban la ruptura de la legalidad en el país andino, pero por el otro, han dictado un decreto que pretende indemnizar a las víctimas de la violencia que propiciaron en días pasados.
La autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, no se ruborizó ni un poco al declarar que su «gobierno ha promulgado el decreto supremo que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos en los hechos de violencia». Sin embargo, en ningún momento aclaró el número de fallecidos, ni quién los había matado.
Una vez superados los días de violencia, y asentado el gobierno de facto, las autoridades ilegales han visto la cantidad de errores cometidos y ahora tratan de resarcirlos. De allí la abolición del decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en la represión y ahora destinan 7.238 dólares por cada familia que perdió a un ser querido producto de los excesos de las fuerzas de seguridad.
Los muertos del golpismo
Aunque no ha habido un pronunciamiento formal de las autoridades de facto con respecto a la cifra exacta de víctimas fatales luego de concretar su golpe de Estado, la Defensoría del Pueblo maneja la cantidad de 35 muertes y más de 800 heridos producto de la represión de fuerzas del orden público.
El gobierno de facto ha previsto además de la ayuda económica a los familiares de las víctimas, «asistencia médica, alimentaria, social y psicológica«, según dijo el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra.
RB/VTactual
