En esta última entrega, se analizarán los casos de Venezuela y Colombia, donde la aplicación del lawfare dista un poco de lo que se ha relatado en las entregas previas. Por una parte, en Venezuela no existen las condiciones jurídicas ni institucionales para aplicar dicha estrategia, mientras que en Colombia es usada al contrario, protegiendo a figuras de gran peso vinculadas a actos de corrupción como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Además, se evidencia el doble rasero habitual del gobierno de EEUU en el tema de la supuesta lucha anticorrupción.
Caso Venezuela
Inspirados por sus colegas de la derecha en Brasil (o probablemente direccionados por el Departamento de Estado yanqui), la oposición venezolana en la Asamblea Nacional intentó sacar del poder al presidente Nicolás Maduro aplicando un supuesto impeachment, figura inexistente en la Constitución o cualquier otra ley del país, por lo tanto, ilegal. No obstante, ello no pareció importunarle a la derecha venezolana debido a que en 2016 impulsaron un “juicio político” por supuesto “abandono del cargo”, una de las 4 causas por las cuales se puede remover a un presidente en Venezuela. Tampoco pareció importarle el hecho de que dicho procedimiento corresponde a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, que deben comprobar tal hecho para proceder con la destitución. Además, la Asamblea Nacional había incurrido en desacato, por lo cual no tenía facultad para impulsar ninguna acción legal.
Luego de aproximadamente un año de esfuerzos para sacar a Maduro del poder, la oposición consolidó un estrepitoso fracaso por no poseer la suficiente fuerza para torcer las leyes de la República como sí ha ocurrido en Brasil y Ecuador. Tras esta ópera bufa y entendiendo la inutilidad de sus acciones, la oposición instaló un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, paralela a la existente en Venezuela, en donde han abierto un juicio contra Maduro para destituirlo. Este parapeto es ilegal a todas luces, debido a que sus magistrados no han sido designados según los procedimientos especificados en la Constitución. Es más, los propios “magistrados” han reconocido que la existencia de esta corte es meramente simbólica.
"No estamos en ejercicio del cargo (…) la idea era más bien simbólica, de permanecer como un órgano de opinión unido para transmitir ideas (…) ideas, no decisiones", dice el magistrado en el exilio Gonzalo Alvárez pic.twitter.com/s0YyGFPnSv
— Naky Soto (@Naky) February 20, 2018
Aparte de este mamotreto, el lawfare también ha sido utilizado por la derecha contra Venezuela a escala continental, usando como ariete a la Organización de Estados Americanos (OEA) y su institucionalidad para atacar y aislar al gobierno chavista. Desde 2014 hasta la fecha se han producido más de 30 acciones irrelevantes o fracasadas para aprobar resoluciones que perjudicarían a Venezuela, especialmente luego de la escalada violenta de la oposición en 2017 cuando llevaron a cabo sus guarimbas (acciones violentas y terroristas de calle) disfrazadas de movilizaciones y protestas cívicas para exigir la renuncia de Maduro, que se saldaron en más de 100 muertes y miles de millones de dólares en pérdidas materiales.
Los países con los gobiernos más reaccionarios de la región se aglutinaron en el Grupo de Lima, y siguiendo directrices del gobierno gringo (como lo demuestran las giras de Mike Pence y Rex Tillerson), intentaron aplicar, sin éxito, la Carta Democrática contra el país caribeño. Algo similar está ocurriendo en Nicaragua, donde la oposición no tiene la fuerza institucional para sacar del poder a Daniel Ortega, por lo cual la derecha recurre al mismo libreto que emplearon en Venezuela, tanto a lo interno como a lo externo. De hecho, las violentas protestas que coloquialmente reciben el nombre de tranque, son calco de las guarimbas venezolanas, los sucesos lo certifican. El lawfare también se aplica desde la OEA.
Caso Colombia
Las élites del país neogranadino no han corrido aún con la “mala suerte” de perder las elecciones ante un candidato presidencial de izquierda, pero aun así existen casos en donde se usó el lawfare para remover por ejemplo, a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá. La razón de ello, fue que se metió en los negocios de los poderosos al subsidiar el transporte para los más pobres y por intentar reorganizar eficientemente el servicio del aseo urbano de la ciudad.
Por esta razón recibió multas de 217 mil millones de pesos (US$ 75.832.820) y de 92 mil millones (US$ 32.150.320), por cada caso de forma respectiva, además de su destitución como alcalde y posterior inhabilitación política a manos del procurador Alejandro Ordóñez, proceso que fue desactivado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tres años después. Este mismo nefasto personaje de la derecha colombiana fue apartado por irregularidades administrativas y morales, pero no sin antes inhabilitar también a Piedad Córdoba y al exalcalde de Medellín, Alonzo Salazar.
Aparte de estos casos, también se aplica en Colombia el lawfare a la inversa, es decir, se utilizan los recursos y herramientas jurídicas para frenar casos e investigaciones a favor de personajes de la élite colombiana como Álvaro Uribe, quien tiene 186 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 investigaciones en su contra en la Sala Penal de la Corte, que van desde uso del aparato militar colombiano para espiar a la oposición y gobiernos vecinos, hasta la compra de votos para alcanzar su curul en el Senado en 2006. Pese a todas estas causas, las investigaciones están congeladas. La palabra sospechoso se queda corta.
Por otro lado, también está Juan Manuel Santos, salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht debido a que esta empresa financió sus campañas de 2010 y 2014, además de diversos casos de coimas durante su gestión. No obstante, la causa de 2010 misteriosamente prescribió y la del 2014 fue archivada por «no encontrar indicios» de responsabilidad. Llama la atención que a diferencia de Brasil y Ecuador, el gobierno de EEUU nunca aportó informaciones sobre las tramas de corrupción de la constructora; por el contrario, se reservó la información y creó un halo de protección. Pero esto no es sorpresa, el gobierno norteamericano tiene doctorados múltiples en desconocer leyes internacionales y violar derechos humanos mientras invoca la democracia, claro está, la democracia a su manera.
JA
7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #3raParte
7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #3raParte
