El pasado 1ero de agosto la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano judicial de Venezuela, declaró en desacato a la Asamblea Nacional por la incorporación de cuatro diputados del estado Amazonas electos en las Elecciones Parlamentarias del pasado 6 de diciembre del 2015, cuyas actas de proclamación y totalización fueron anuladas por presentar irregularidades en los comicios.
Mediante pruebas presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), testimonios y organismos de seguridad del estado venezolano, se pudo comprobar el fraude realizado por la MUD en la entidad, corroborando la compra de votos y otros ilícitos electorales. Sin embargo, el ente legislativo juramentó a los diputados suspendidos, haciendo caso omiso de la sentencia emanada del TSJ el pasado 30 de diciembre del 2015.
Ante tal situación, el ente judicial declara a la Asamblea Nacional en desacato quedando sin efecto cualquier acto de dicho organismo, y declara que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”
Del diálogo a la constitucionalidad
El presidente de la República, Nicolás Maduro, inició el pasado mes de octubre un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición, en aras de lograr la paz y la estabilidad política en el país. Entre los avances de este diálogo se acordó superar la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el TSJ y la repetición de las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas.
Pero la normalización de dicho órgano no pasa únicamente por la desincorporación de estos diputados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia exhortó al organismo a “realizar el acto parlamentario formal”.
¿Qué implica el acto parlamentario formal?
Para el Tribunal Supremo de Justicia, “por imperativo de los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional”, la Asamblea Nacional debe convocar una sesión donde se proceda a desincorporar a estos ciudadanos que se mantenían en supuestas funciones parlamentarias; luego de que el parlamento se reconstituya, debe notificar al TSJ, en Sala Constitucional que solventó la situación, que reconoce al Tribunal Supremo de Justicia y que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes (respecto a todos), inclusive para todos los órganos del Poder Público. La profesora María Alejandra Díaz explica en exclusiva para VT dicha situación:
Lo que le espera a la Asamblea Nacional
Para que el órgano legislativo recupere su constitucionalidad es fundamental que reconozca al TSJ y acate las sentencias emanadas por este órgano. En las últimas sesiones convocadas por el parlamento, se observan diferencias y contradicciones entre los diputados de los diferentes partidos opositores en relación a la desincorporación -mediante acto formal- de los cuatro diputados del estado Amazonas. Voluntad Popular salvó su voto, mientras en partido Vente Venezuela se opuso. Siga escuchando a María Alejandra Díaz en exclusiva para VT
Mientras no exista acuerdo sobre la petición del TSJ, la Asamblea Nacional sigue en desacato y la repetición de las Elecciones Parlamentarias en el estado Amazonas se vislumbra lejanas.
AMR
