Sepa por qué la oposición en Venezuela no quiere a los actuales magistrados

La Asamblea Nacional de Venezuela, conformada por mayoría opositora, ha dedicado su jornada a juramentar un supuesto comité de postulaciones judiciales para destituir a los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y colocar unos nuevos, adaptados a sus gustos y exigencias.

La guerra contra el Tribunal Supremo de Justicia comenzó cuando el máximo tribunal inhabilitó a tres diputados indígenas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que fueron electos en diciembre de 2016 de forma fraudulenta. De hecho, el Consejo Nacional Electoral anuló este proceso y debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias en ese sector. Sin embargo, la AN no respetó la sentencia y el tribunal declaró en desacato al Parlamento venezolano, situación en la que continúa actualmente. Todo acto que realice este poder es nulo de toda nulidad.

Luego, en abril, llegaron las guarimbas, la violencia y los actos fascistas contra instituciones, comercios y personas. A partir de este momento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió las demandas de protección de derechos e intereses colectivos interpuestas por habitantes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, del estado Miranda, y de los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani, del estado Mérida, contra los alcaldes de estas jurisdicciones.

Las demandas en contra de los alcaldes se relacionan con la presunta infracción de los derechos al libre tránsito, seguridad personal, protección de la familia, niñez y adolescencia, protección a los ancianos, salud, trabajo, educación, deporte, recreación, libertad económica y ambiente sano; por el supuesto incumplimiento por parte de estas autoridades de los cardinales 2,4,5 y 7, del artículo 178 de la Constitución Nacional.

Los alcaldes son: Ramón Muchacho (Chacao), Gerardo Blyde (Baruta), David Smolansky (El Hatillo), Josy Fernández (Los Salias), José Luis Rodríguez (Carrizal), Carlos García (Libertador) , Omar Lares (Campo Elías) y Juan José Peña (Alberto Adriani) .

El magistrado del TSJ, Juan José Mendoza, señaló que la Sala Constitucional decidió acordar las medidas de amparo cautelares solicitadas por estos ciudadanos, y en tal sentido ordenó a los referidos alcaldes lo siguiente:

1- Realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.

Esta sentencia contra los alcaldes de municipios ubicados en el este de la capital del país le tocó la fibra medular a la MUD; tanto les dolió que están pidiendo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,  las cabezas de los actuales magistrados de la Sala Constitucional.

La oposición no acepta a los magistrados del máximo tribunal porque no los dejan incendiar el país, generar un golpe de Estado parlamentario y sacar del Gobierno al presidente legítimamente electo, Nicolás Maduro.

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GM

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