VTActual le presenta a continuación 7 ejemplares de la quinta columna en Venezuela que se colocaron por un tiempo “la camisa roja”, se autodenominaron “chavistas” y actualmente son protegidos por el Gobierno de EEUU, aunque están procesados por graves delitos en su país de origen, especialmente por casos de corrupción.
1.- Hebert Josué García Plaza, general y exfuncionario fugitivo (exministro de Transporte Acuático y Aéreo, exministro de Alimentación y exjefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica en Venezuela), organizó y financió una intentona golpista y en Venezuela es procesado por corrupción. Los fondos con los que se alimentó la conspiración son los mismos que el alto funcionario se robó con contratos para comprar embarcaciones usadas con sobreprecio, concesiones para construir hangares, depósitos y hoteles en todos los aeropuertos del país, órdenes de compra de alimentos importados y una contratación con el mismo constructor de instalaciones aeroportuarias con el fin de restaurar todos los abastos de la red pública Bicentenario. Entretanto el general se escapó y terminó pactando con los gringos como única forma de poder disfrutar su riqueza obtenida sobre las carencias de los venezolanos.
2.- Rafael Eduardo Isea Romero es también un exfuncionario del Gobierno venezolano prófugo, político y militar en situación de retiro del ejército, ex miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, exgobernador del estado Aragua y exministro de Finanzas. Isea pasó a ser acogido bajo el programa de protección de testigos de Estados Unidos. La denuncia contra el exministro por cargos de corrupción en Venezuela, interpuesta por el propio Tarek El Aissami (Actual Vicepresidente Ejecutivo de la República), poco después de sucederlo en el cargo como gobernador, se hizo ante la Fiscalía venezolana a mediados de 2013, cinco meses después de la muerte del líder Revolución Bolivariana Hugo Chávez. De acuerdo a los detalles revelados por El Aissami, producto de la investigación le incautaron nueve propiedades, una de ellas utilizada para la prostitución; un apartamento de citas donde llevaban a víctimas mujeres y eran sujeto de extorsión, violación, entre otros delitos contra la integridad moral de varias ciudadanas. “Que rompa el silencio y justifique de dónde sacó el dinero Rafael Isea Romero para comprar todas estas propiedades lujosas, fincas, para enriquecerse él y su familia”, afirmó El Aissami.
Además fueron consignadas las pruebas que vincularían al ciudadano Gerardo Aquiles Isea Romero, hermano de Rafael Isea por su presunta participación en tres casos de corrupción. La presentación de las pruebas ante el Ministerio Público en la entidad aragueña la realizó la entonces Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Aragua, Caryl Bertho, quien detalló que Isea Romero, en representación de la empresa Minarsa, presuntamente desfalcó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) por más de 59 millones de dólares en varias negociaciones, entre las que destacan compras de unidades de transporte público y reparaciones a Centros de Diagnósticos Integrales (CDI).
3.- Germán Ferrer, exdiputado a la Asamblea Nacional por la bancada chavista. El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab -cuando asumió el cargo- solicitó una orden de captura y la retirada de la inmunidad parlamentaria contra Ferrer. Saab admitió una denuncia de varios miembros de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, en la que se incluyen documentos de supuestas cuentas bancarias abiertas por Ferrer en Bahamas con varios millones de dólares. Se le acusa de ser el líder de una red de extorsión y corrupción dentro del Ministerio Público durante la gestión de su esposa Ortega Díaz. La abogada y administradora Geraly Ferrer Brito, hija y socia de Germán Ferrer, es la apoderada general de una compañía de maletín inscrita en Panamá en enero de 2016, señalada por diversos actos ilegales.
4.- Pavel Rodríguez, exdirector ejecutivo de producción y exploración de PDVSA Oriente, es una de las primeras 11 personas detenidas en Venezuela por las irregularidades cometidas en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción de la estatal petrolera en 2014, como parte de la lucha anticorrupción emprendida por la nueva gestión del Ministerio Público. Las aprehensiones forman parte del desmantelamiento de las tramas de corrupción que se enquistaron en la industria petrolera. De acuerdo con las investigaciones que han realizado los fiscales asignados por la instancia del Poder Ciudadano, con el apoyo de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Digecim) y del Presidente de la República, Nicolás Maduro, se constató que en esta dirección “se inflaban las cifras de producción para mostrar una falsa eficiencia y unos falsos niveles de comercialización”. Según el Fiscal General “entre 2014 y 2017 se causó un daño patrimonial en PDVSA por 1.156,9 millones dólares por barriles de crudo no producidos”. El móvil de esta trama consistía en “modificar las cifras de producción, obtener un pago por regalías y, de esta manera, aumentar el presupuesto asignado ocasionando un desfalco a la caja financiera de PDVSA”. Además “se dispuso de 266 millones de dólares para el pago de regalías al Estado e impuestos por un crudo que no se produjo» denunció Saab.
5.- Edgardo Parra, quien resultó electo con la tarjeta del PSUV como Alcalde de Valencia para el periodo 2009-2013, fue destituido del cargo de alcalde acusado de cuatro delitos de corrupción. Lo detuvieron el 12 de octubre de 2013, en su residencia, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal sexto de control de Carabobo. En la actualidad cumple una pena (casa por cárcel) de ochos años y seis meses.
6.- Jhonnathan Marín, alcalde de Guanta, quien presuntamente escapó del país hacia Colombia, desde el cruce fronterizo de Paraguachón, en el estado Zulia, El irregular tránsito a Colombia ocurrió el pasado jueves 2 de noviembre y en la misma colaboraron dos hombres, incluyendo un oficial de la GNB y un comerciante del estado Zulia, quienes fueron detenidos. Sobre Marín existe una alerta migratoria derivada de la investigación que lo vincula directamente con una organización delictiva que dirigió un millonario desfalco contra la empresa estatal PDVSA, a través del otorgamiento de contratos con sobreprecio en las operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco y la División Oriente de la corporación. En la trama de corrupción participaban empresarios, artistas y funcionarios de alto nivel bajo la coordinación de Marín, según los datos obtenidos en diversos allanamientos realizados entre 2016 y 2017. Marín y su esposa Esneidy Villanueva tienen un conjunto de compañías registradas en el sur de Florida, a donde viajan con mucha frecuencia sin ningún tipo de restricciones, lo que contradice la política de sanciones que ha desarrollado el gobierno de EEUU contra importantes altos funcionarios del Estado venezolano. Por el desfalco en la Faja del Orinoco ya se encuentran procesados y privados de libertad el exdirector ejecutivo de esa división, Pedro León, el empresario Carlos Esteban Urbano Fermín, directivo del grupo Cuferca, el actor Manuel «Coco» Sosa Morales, así como el abogado José Rafael Parra Saluzzo y el exfiscal Luis Sánchez, además de funcionarios de las unidades de procura de PDVSA y sus empresas mixtas, quienes de manera separada lo señalan de ser partícipe de múltiples hechos de corrupción.
7.- Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de la República, formó parte de un plan acordado para desestabilizar el orden constitucional y dirigió una presunta red de extorsión que manejó activos por el orden de los 6 millones de dólares durante su gestión. Fiscales del Ministerio Público -en complicidad con el diputado Germán Ferrer (su esposo) y su ex asistente, Gioconda González- encabezaron la referida red de extorsión. Se solicitó detención, privativa de libertad y congelamiento de cuentas y bienes de las personas antes mencionadas. De igual modo, se le pidió al fiscal general, Tarek William Saab, investigar los presuntos casos de corrupción «que encauzó la gestión de Luisa Ortega Díaz en Petróleos de Venezuela (PDVSA)». “Agarraron la lista de empresas de PDVSA, comenzaron a llamarlas y a exigirles dinero para que no fueran sometidas a investigaciones”, denunció el constituyente Diosdado Cabello. Se descubrió que propietarios de empresas adscritas a PDVSA “hicieron depósitos y entregas de dinero” a la red de extorsión que operaba en la Fiscalía General de la República de Ortega Díaz. Se denunció formalmente a Germán Ferrer (exdiputado y esposo), José Rafael Parra Saluzo (abogado), Gioconda González (ex asistente del MP), Pedro Lupera (fiscal 5° nacional) y Luis Sánchez (fiscal auxiliar de la Fiscalía N°55)”. El 6 de abril de 2016 el fiscal Pedro Lupera y el exdiputado Germán Ferrer dieron apertura a una cuenta bancaria por el orden de 1 millón de dólares. “El código del banco era el UBS (Unión de Bancos Suizos) en Bahamas, ahí están las firmas y el código para inversiones cifradas”.
El Presidente Maduro afirmó:
«Hoy tenemos clara la película: al pasar más de seis meses de los sucesos violentos en Venezuela propiciados por la derecha venezolana: las guarimbas, nos dimos cuenta de que las declaraciones de la ex fiscal formaban parte de un plan acordado con los factores internacionales para dar el combustible necesario con el objetivo incendiar nuestro país y llenarlo de violencia«.
Actualmente Ortega Díaz es protegida por el FBI.
SC
Cuando se habla de corrupción en Venezuela Ortega Díaz es el As de Oros
